Camino de Gratuidad

Rebaja de aranceles, fin del CAE e intervención de instituciones insolventes, a partir del año 2015.

Por Roxana Pey y Manuel Riesco CENDA Agosto 2014

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El diseño de la reforma educacional chilena no es un asunto principalmente técnico, sino político, orientado por el objetivo de transformar el actual esquema privatizado, en el nuevo sistema de educación pública gratuita, en todos sus niveles, concebidos como un sistema. Como todas las grandes reformas, ésta no destruirá nada sino sólo cambiará el carácter de lo existente que ya no puede continuar por más tiempo.Es conveniente identificar las instituciones del sistema actual que van a ser incorporados al nuevo y proponer un esquema de transformación que los estimule a adherir voluntariamente, o al menos neutralice su resistencia y al mismo tiempo, aislar aquellas que no resultan viables ni en el esquema actual ni en el nuevo y garantizar a sus comunidades su traslado a las primeras.Una manera sencilla de hacer la transición puede ser la que ha anunciado Ennio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, al congelar los aranceles del 2015, apostando a que el Estado reponga directamente los recursos que habría proporcionado un reajuste, los que requiere de modo imperioso.Es una apuesta acertada, pero no se trata sólo de congelar los aranceles sino reducirlos. Por ejemplo, la CONFECH ha propuesto que todas las instituciones que se desea incorporar al nuevo sistema público, rebajen sucesivamente sus aranceles en un quinto cada año, hasta cumplir de ese modo la promesa de gratuidad del gobierno.El reemplazo de los ingresos por aranceles y venta de otros servicios, por financiamiento presupuestario estable, es la clave de la desmercantilización de la educación y fin del lucro en sus proveedores. Asimismo, es la palanca principal para mejorar su calidad, puesto que este financiamiento permite proporcionar el magisterio y académicos el ambiente estable y adecuado al buen desempeño de su función.

La manera de garantizar el derecho universal a una educación pública gratuita no es repartir «vouchers» a todos los estudiantes, que sólo profundizaría la mercantilización y privatización de la educación, con todas sus consecuencias “de pesadilla» como las ha calificado el Ministro de Educación. Tampoco, restringir la gratuidad a sólo porciones más o menos reducidas del sistema, mientras se deja el resto al mercado.

La forma de garantizar este derecho es conformar un sistema público nacional que entregue educación de calidad en forma gratuita, al cual se acceda sin discriminación ninguna, y expandirlo sucesivamente, avanzando gradualmente en la gratuidad del conjunto, desde parvularios a postgrados, concebidos como un todo integrado, ajustando el ritmo de avance general a las posibilidades presupuestarias del Estado.

El nuevo sistema gratuito deberá conformarse en primer lugar con los remanentes del antiguo sistema público, los que han logrado sobrevivir a duras penas gracias a sus académicos y autoridades, pero que se encuentran hoy en una situación límite. Ellos deben recuperarse con decisión, asignando a esta tarea todos los recursos que sean necesarios.

La presencia directa del Estado en la provisión de educación es lo principal. Al revés, mantener un sistema estatal “reguleque” siempre fue parte del diseño explícito de la privatización, para evitar que hiciera “competencia desleal” a los actores privados.

En el caso de la educación básica y media, lo principal es la desmunicipalización y reconstrucción de un servicio nacional de colegios públicos. Éste debe conformarse, sin vacilaciones ni nuevos experimentos «descentralizadores», destinados al fracaso.  En el caso de la educación universitaria, se deberán mejorar y expandir con decisión las universidades estatales. Será necesario atender a su crítica situación actual, resolver los casos de dos o tres que son inviables en su forma actual y reorganizarlas por región. En el caso de la educación terciaria técnica y profesional, es imperioso reconstruir un actor estatal. Lo más lógico es revertir la escandalosa entrega de INACAP a sus directivos en las postrimerías de la dictadura.

En segundo lugar, el nuevo sistema público deberá incorporar a las instituciones no estatales tradicionales de reconocido prestigio y evidentemente sin fines de lucro. Es el caso de las universidades no estatales del CRUCH y sus filiales técnicas, entre ellas el DUOC.

En tercer lugar, el nuevo sistema público puede incorporar con decisión a las principales instituciones privadas sin fines de lucro y de calidad reconocida, que han nacido y operan en todos los niveles al amparo de los subsidios estatales.

El diseño de la propuesta a todos estos actores debe ser tal que su conveniencia resulte resulte evidente para sus comunidades. Por otra parte, los actuales propietarios de aquellas que no son estatales, tendrán en cuenta la perspectiva de operar en el contexto de un reconstruido sistema público gratuito y de buena calidad, lo que resulta muy diferente al cuadro actual.

Parece conveniente que todos los miembros de sus respectivas comunidades, propietarios, profesores, académicos, funcionarios y estudiantes así como sus apoderados, participen democráticamente en esta trascendental decisión de incorporarse al nuevo sistema público y gratuito.

Lo importante no es a quien pertenecen estas instituciones sino que sean de buena calidad, así definida. Ya verán más adelante las respectivas comunidades, como deciden democráticamente quiénes las dirigen hacia los objetivos nacionales que toda educación pública debe tener. Así lo entendieron en los años 1960 los estudiantes de la Universidad Católica y la Universidad de Concepción, ambas institucones particulares, cuyas rectorías asumieron Don Fernando Castillo Velasco y Don Edgardo Henríquez Froeden, respectivamente, que junto a Don Enrique Kirberg en la Universidad Técnica del Estado, fueron los tres grandes Rectores, elegidos por sus respectivas comunidades con participación triestamental, que lideraron la reforma universitaria de los años 1960 hacia sus históricos logros.

Al mismo tiempo, es necesario proceder con decisión a la intervención de aquellas instituciones que no resultan viables ni en el nuevo esquema ni en el actual, asegurando el traslado de sus comunidades a instituciones públicas. Ello debe ser efectuado cuanto antes, de modo que quede en evidencia que su falencia se origina en el esquema actual de mercado y no en la reforma.

Finalmente, habrá otras instituciones que no se interesen en incorporarse al nuevo sistema público. Ellas podrán continuar operando en todos los niveles con financiamientos exclusivamente privados, en la medida que satisfagan ciertas condiciones generales válidas para todos los actores educacionales. Quizás no es lo mejor, pero siempre ha sido así en Chile.

Foto: roxana pey (RxPey) | Twitter

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Naturalmente, todas las instituciones deberán satisfacer los nuevos requisitos generales y obligatorios de calidad, que la reforma defina y exija para todas las instituciones que participen en el nuevo esquema educacional, en todos los niveles, tanto las que adhieran al sistema público gratuito y financiado íntegramente por el Estado, como aquellas que se mantengan con financiamiento exclusivamente privado.

Presupuesto

La privatización de la educación se concibió en las “modernizaciones” pinochetistas de los años 1980, pero se implementó mayormente durante la transición a la democracia, desde el Ministerio de Hacienda y mediante las Leyes de Presupuesto de la Nación. El grueso de la importante recuperación de financiamiento público a la educación a partir del fin de la dictadura y su fuerte incremento tras el “acuerdo nacional” celebrado manos en alto post “Revolución Pingüina”, fueron destinados al “subsidio a la demanda”.

Del mismo modo, la reconstrucción del sistema nacional de educación pública, gratuita y de calidad, se logrará revirtiendo esta tendencia, disminuyendo sucesivamente las partidas presupuestarias asignados al subsidio a la demanda y redestinando esos recursos fiscales directamente hacia las instituciones que se incorporen al mismo. Ello puede y debe comenzar con la Ley de Presupuesto 2015.

Se trata de revertir el incremento en la proporción del presupuesto destinado a los diversos mecanismos de “subsidio a la demanda”, que se viene experimentando desde los años 1980 y en forma creciente a partir del año 1990 y muy especialmente a partir del año 2007. Todos esos recursos se pueden redireccionar hacia el financiamiento directo y estable a las instituciones que rebajen sus aranceles a partir del 2015, en todos los niveles educacionales.

Todo lo anterior sólo puede atenderse de manera concreta, negociando con todas y cada una de las instituciones involucradas, que es el mecanismo de asignación de recursos en todo sistema público. No obstante sus evidentes problemas y complejidades, éste ha demostrado ser más eficiente que la “mano invisible” de un  mercado inducido a la fuerza mediante “subsidios a la demanda”, cuyo resultado fue una costosa, ineficiente y discriminadora promoción de venta de servicios educacionales. Las instituciones intentaban convencer de ese modo a estudiantes y sus familias –involuntarios «productores» de fuerza de trabajo calificada bajo el esquema Neoliberal–, para que les traspasen los mismos recursos que el Estado les entregará en lo sucesivo de modo directo.

Es evidente que el Estado, a través de sus organismos centralizados y descentralizados, se encuentra en mucho mejores condiciones que los estudiantes y sus familias, tanto para captar los requerimientos de recursos humanos del aparato productivo, como para negociar con las instituciones educacionales y exigir los mejores resultados para los recursos aportados.

Por cierto, en Chile se procedió intencionadamente a desmantelar, casi por completo, la institucionalidad que realizaba esta función sin grandes complicaciones en el pasado. Será necesario contemplar asimismo partidas en el presupuesto del 2015 y posteriores, destinadas a reconstruir y fortalecer estas capacidades.

Los cobros a los estudiantes y sus familias pueden y deben reducirse significativamente a partir del año que viene, y ser compensados con creces mediante asignaciones directas y estables a las instituciones que se incorporen al nuevo sistema público, en la Ley de Presupuesto de la Nación 2015.

Fin del CAE

Una de las señales más poderosas para avanzar en la reforma, es terminar en el presupuesto 2015 con el trístemente famoso “Crédito con Aval del Estado (CAE)”, reasignando a becas los recursos respectivos en la Ley de Presupuesto 2015, para todas aquella instituciones que cumpliendo requisitos generales de calidad, manifiesten su voluntad de adherir al nuevo sistema público rebajando aranceles a partir de este mismo año.

Las deudas de los estudiantes con los bancos privados se han duplicado desde el 2009 y a fines del 2013 superaban los 3.000 millones de dólares. Según el Sistema de Información para la Educación Superior (SIES), la morosidad alcanza a poco menos de un tercio entre los egresados y a más de dos tercios de los que desertaron, en el caso del crédito con aval del Estado (CAE), que representa de lejos la mayor parte de estas deudas. Por este motivo, las instituciones que lo recibieron y son avales del mismo están en una situación delicada.

Así lo comprendió incluso Piñera, que el 2013 presentó un proyecto de ley para sacar a los bancos del esquema y restringir los pagos de dividendos a una suerte de impuesto a los profesionales, consistente en  un porcentaje limitado de sus remuneraciones a lo largo de un número acotado de años. Algo bastante parecido al “Crédito Solidario” que está disponible para las universidades estatales.

manolito

Manuel Riesco

La Nueva Mayoría desechó este proyecto el 2014, arguyendo que la reforma en curso generaría condiciones mejores, camino a la gratuidad. Ello es correcto pero no se logrará el 2015, puesto que las leyes respectivas no se han presentado aún y ciertamente no estarán aprobadas a tiempo. Evidentemente, el rechazo a la ley de Piñera no puede resultar en un perjuicio para los estudiantes.

El gobierno está obligado a terminar el CAE ahora, con o sin ley. Puesto que el fisco ya desembolsa aproximadamente la mitad del CAE, entre las denominadas «recompras y «recargas» en beneficio de los bancos, el gasto fiscal adicional se reduce a lo que hasta ahora aportan éstos. Esta cifra representa menos del 5 por ciento del presupuesto educacional y ya estaba considerada de haberse aprobado la ley presentada por Piñera.

El “crédito solidario” también puede transformarse en becas, puesto que el desembolso fiscal es exactamente el mismo. La única diferencia para las cuentas públicas es que el primero, al igual que el CAE, no se registra como gasto sino como «inversión» fiscal, puesto que se supone que va a ser reembolsado por las familias, lo cual a estas alturas resulta una figura más bien artificiosa.

Adicionalmente, se requiere reservar en el Presupuesto 2015, una partida adecuada para trasladar a instituciones públicas, a los estudiantes, académicos y funcionarios, de las instituciones que han perdido o están a punto de perder su acreditación. Son las de peor calidad y por lo general tienen fines de lucro, representan casi un tercio del alumnado de educación terciaria y su precaria situación refleja mejor que nada el fracaso del experimento Neoliberal. El Estado no puede abandonar a su suerte a sus comunidades, como ocurrió con la Universidad de Mar. La ley del administrador provisional actualmente en el parlamento, permite re asignarlas a otras instituciones del nuevo sistema público. Sin embargo, hay que proporcionar a éstas los recursos necesarios para absorberlas y nivelarlas.

La reducción gradual de aranceles y eliminación del CAE a partir del presupuesto 2015, así como el inicio del traslado de las comunidades de las instituciones insolventes,  será la señal más potente que la reforma va en serio. Representará un alivio concreto, inmediato y sustancial, para millones de estudiantes y sus familias. Nada puede resultar más efectivo para elevar aún más el extendido apoyo ciudadano a la reforma educacional de la Presidenta Bachelet.

 

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1 respuesta

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